La Ley de Propiedad Intelectual argentina no contiene una regulación clara de la actividad de los traductores, lo que llega a permitir que puedan ceder sus derechos de autor a perpetuidad. En una entrevista con Cultures Connection, el traductor Pablo Ingberg cuenta sobre el proyecto de Ley de Traducción Autoral para terminar con este problema.
La situación laboral de los traductores en Argentina no deja de ser paradójica. Aunque desde hace más de dos siglos se ocupan de darles voz a autores en otras latitudes, su figura parece invisibilizada en el mercado editorial. Quizás como una extensión perversa de ese contrato de lectura en el que su huella debe pasar inadvertida en un texto, la Ley de Propiedad Intelectual 11.723 lo considera dueño de su traducción por ser una nueva obra intelectual derivada del original, pero permite que se puedan ceder sus derechos sin plazos y, para peor, no estipula regalías por la cantidad de unidades vendidas.
“En ese aspecto, la ley argentina es cavernícola”, apunta Pablo Ingberg (Dolores, Buenos Aires; 1960), escritor y traductor argentino. Ingberg, quien tradujo a escritores de la talla de Shakespeare, Joyce o Woolf, con reconocimientos importantes como el Premio Aurora Borealis-Mención de Honor a la Traducción Literaria 2017 de la Federación Internacional de Traductores, junto a un grupo de colegas impulsó un proyecto de Ley de Traducción Autoral que busca regular el oficio y cambiar estas reglas de juego desventajosas. Luego de dos presentaciones frustradas al Congreso Nacional en 2013 y 2015, la propuesta quedó en stand by, pero los abusos hacia los traductores continúan.
– ¿Cómo surgió el proyecto de Ley?
– La idea original era modificar la Ley de Propiedad Intelectual, que es del año 33 y en su momento era super moderna pero hoy está muy desactualizada, a pesar de que le han hecho millones de remiendos. Con un pequeño equipo queríamos ponerla en condiciones similares a las del resto del mundo, donde hay plazos máximos a la cesión de derechos que rondan los 10 años. Luego, que esa sesión sea para un uso específico y que reconociera los honorarios de trabajo como anticipo a cuenta de regalías.
– ¿Cuál es la situación de un encargo a un traductor hoy?
– Concretamente con los traductores, la Ley permite que se compren los derechos de autor de una obra hasta la eternidad, es decir hasta que entren en el dominio público, que en Argentina es a partir del 1 de enero del año siguiente de cuando se cumplen 70 años de su muerte. Después, ya nadie tiene los derechos. Y hasta ese momento, ni vos, ni tu hijo, ni tus nietos, ni tus bisnietos van a ver nunca un peso extra. No hay ningún país civilizado donde se compren traducciones hasta la eternidad como en Argentina. Por dar un ejemplo, una editorial contrata una obra del último premio Nobel Kazuo Ishiguro, que por lo general se hace por plazos de cinco o siete años, en casos de libros con poco valor comercial suelen dar 10 años. Después me contrata para que haga la traducción y me la compra para la eternidad. Cuando vence el contrato de la obra original, la editorial puede no renovarlo y la contrata otra que tiene que encargar una nueva traducción o comprar los derechos de la mía. Pero yo no tengo ningún derecho a cobrar nada, a pesar de que mi trabajo va a tener un nuevo uso. Tengo entendido que si uno fuera a juicio acá contra una editorial podría conseguir que le devuelvan los derechos, pero después no solo esa editorial no te contrata más sino que probablemente no te contrate ninguna otra, entonces nadie lo hace.
La Ley permite que se compren los derechos de autor de una obra hasta que entren en el dominio público, que en Argentina es a partir del 1 de enero del año siguiente de cuando se cumplen 70 años de su muerte. Después, ya nadie tiene los derechos.
Por otro lado, lo que sucede es que a la obra original la contratan con un anticipo importante, más un 10 por ciento de derechos de los cuales ese anticipo se deduce. Al traductor deberían hacerle lo mismo y que se considere lo que se le paga por el trabajo un anticipo a cuenta de las regalías que va a recibir como porcentaje de las ventas. Por supuesto, en ese caso sería muy pequeño, depende del país es del 1 o 2 por ciento. Si es el 1 por ciento de un libro que se vende a $300 y pagan como anticipo por la traducción $30 mil, recién después de que vendiste 10 mil ejemplares te tocarían $3 por cada nuevo ejemplar vendido. Son casos rarísimos, haría falta que se vendiera una cantidad impresionante. El reclamo ahí es casi simbólico.
– ¿Hubo algún cambio en la práctica desde que se sancionó la Ley 11.723?
– Está tendiendo a cambiar un poco ahora por el ruido que se armó con el proyecto y la conciencia que se fue tomando. Cada vez más editoriales, sobre todo las pequeñas y medianas, han empezado a hacer contratos con plazos máximos y reconocen porcentaje de regalías. La verdad es que las tarifas que se pagan por traducción son muy miserables y no son de ahora. A lo que aspiramos con una ley así es que se le dé alguna compensación al traductor, que gana un salario de hambre, en casos en que su trabajo siga vendiéndose más allá de cierta cantidad de ejemplares o años. Si hice una cierta cantidad de traducciones, cuando me jubile como monotributista voy a cobrar una jubilación mínima que este Gobierno aplasta cada vez más. Por lo menos que estén en mi poder algunas traducciones que hice hace más de 20 años y a lo mejor se pueden volver a publicar y me gano un manguito. Eso es lo que nos están negando a los traductores.
– ¿Esta precarización laboral la sufren todos los tipos de traductores por igual?
– Yo me dedico a la traducción literaria, la verdad es que no sé bien lo que sucede en otros ámbitos. Lo que sí puedo decir es que la mayor parte de los egresados de las carreras de traducción se dedican más a otros tipos de traducción, como la técnica, porque hay mucho más trabajo y está mejor pago. Un traductor literario que quisiera sobrevivir exclusivamente de eso tendría que hacer un mínimo de seis traducciones al año. Calculá cuántas traducciones se publicaron el año pasado en Argentina, dividilo por seis y vas a ver cuántos traductores podrían vivir de eso. Seguro que da bastante pocos.
Cada vez más editoriales, sobre todo las pequeñas y medianas, han empezado a hacer contratos con plazos máximos y reconocen porcentaje de regalías.
– ¿Qué pasó con el proyecto?
– Hubo dos presentaciones en 2013 y 2015. La primera perdió estado parlamentario sin que pasara nada. La segunda alcanzó a tratarse en la primera de las dos comisiones que tenía asignadas y llegó a haber un predictamen. Ahí salió la Cámara Argentina del Libro a taclearnos cuando les pareció que les apretaba un poquito el bolsillo. Al final la comisión pasó el tratamiento para el año siguiente, cambió la conformación del Congreso y el proyecto murió. Como dice el dicho en inglés, para hacer corta una historia larga, hay varios problemas pero uno que es crucial es que ninguno de los que participó en todo esto tenía experiencia en promover proyectos de ley y tratar con legisladores y asesores. Descubrimos que hace falta mucho tiempo de trabajo y siempre terminó haciéndolo un grupo pequeño. Llega un punto en que necesitamos usar el tiempo para trabajar, para nuestra vida personal y familiar. Hace falta una cantidad de gente importante y renovada que pueda ocuparse de ir a golpear puertas, sin eso no avanzás.
– ¿Por eso el reclamo perdió fuerza ahora?
– Ese fue uno de los motivos importantes, pero fue una sumatoria de situaciones. Haber llegado hasta ahí, dedicar un montón de tiempo y que se cayera fue una especie de decepción. Por otro lado, está la incertidumbre de saber si existe una puerta para que el Gobierno impulse un proyecto. El actual director nacional de Derechos de Autor, Gustavo Schötz, que fue una de las personas que nos dio algún asesoramiento cuando dirigía el Centro de la Propiedad Intelectual en la Universidad Austral, propuso modificar la Ley 11.723, con lo cual se abría una posibilidad desde el Gobierno mismo, con un poder de discusión a años luz del que podemos tener nosotros. El año pasado llegamos a ir a una reunión final de un equipo de trabajo, pero no volvimos a recibir información, probablemente esté dormido por algún poder afectado o por falta de interés oficial. Hace mucho tiempo que se quiere modificar la Ley y nunca se consigue porque comprende a muchísimos actores distintos como la industria del cine, de la música, del software, con los que hay que tener un mínimo consenso, esa es otra traba. Como cuarto punto, uno diría que este no es un Gobierno que apunta a ampliar los derechos de las partes más débiles de la sociedad, más bien tendería a pensar en lo contrario por lo que se ve en la vida diaria, entonces tampoco es un contexto favorable. Y va para peor porque, según la Cámara Argentina del Libro, la venta de las editoriales ha caído de una manera tremenda; las editoriales, como todas las industrias en este momento en Argentina, están amenazadas de supervivencia, entonces hacer una reivindicación gremial parece hasta un poco a contramano de la emergencia, por justa que sea.
– ¿Tienen apoyo de autoridades gubernamentales?
– No, hemos tenido reuniones personales con legisladores de distintos partidos que nos apoyaban, pero en el momento clave no pasó nada. Conseguimos una lista bastante grande y heterodoxa de adhesiones de gente relacionada con los libros, como traductores, escritores, docentes, intelectuales, de distinto signo político. Para dar una idea, adhirió el anterior director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y el hasta estos días director, Alberto Manguel. Pero la verdad es que no hubo ningún político que se pusiera a militar el proyecto y los traductores no tienen una entidad gremial abarcadora. Es un proyecto muy chiquitito, que le importa a poca gente y despertó distinto tipo de inquietudes en diferentes sectores.
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