Ante la indefensión que sufren los intérpretes en zonas de conflicto, las asociaciones profesionales reclaman que se les reconozca protección internacional.
Los intérpretes en zonas de conflicto sufren una incomprensible situación de desprotección. Desde hace años, asociaciones civiles que representan sus intereses reclaman a autoridades políticas nacionales e internacionales, empresas y ONG humanitarias contratantes que les reconozcan su profesionalismo y les garanticen su seguridad ante un panorama hostil de amenazas, persecuciones y muertes.
Para ahorrar dinero, en lugar de profesionales, instituciones públicas y privadas contratan locales sin una correcta formación idiomática y de interpretación. En general se les ofrece bajos sueldos, seguros de vida o enfermedad insuficientes, y quedan a merced de grupos que los consideran enemigos una vez que las fuerzas humanitarias o militares ocupantes abandonan los territorios.
La importancia de los intérpretes en zonas de conflicto no es entendida como la de un profesional que se empeña por facilitar el diálogo entre culturas de manera imparcial. A pesar de que funcionan de intermediarios con fuerzas armadas, judiciales o periodistas, tanto los intérpretes locales como los extranjeros son acosados junto a sus familias por frentes regionales que los consideran traidores a sus causas o colaboradores de quienes los contratan. Esta indefensión hace que cada vez menos se especialicen en este servicio de interpretación o estén dispuestos a viajar a áreas de riesgo, apuntan las asociaciones profesionales.
Es tan grande el nivel de abandono que Linda Fitchett, coordinadora del proyecto Intérpretes en zonas de conflicto de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC), reconoce que no hay un registro oficial de intérpretes muertos o heridos durante el ejercicio de su trabajo, apenas puñados de cifras aisladas que son tomadas de fuentes oficiales o medios de comunicación sin mecanismos organizados de recolección y sistematización. El carácter voluntario de las organizaciones de intérpretes hace difícil un seguimiento apropiado.
Para dar voz a los intérpretes, diferentes instituciones unieron sus fuerzas con el fin de generar campañas de concientización que permitan obtener una legislación que los proteja como las Convenciones de Ginebra hace en estos casos con los periodistas o con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a los que les confiere el derecho internacional humanitario como civiles que no forman parte del enfrentamiento.
La AIIC, la Federación Internacional de Traductores y la Red T presentaron en 2012 una Guía práctica en zonas de conflicto que tiene como objetivo informar a aquellos que ofrecen este servicio de interpretación sobre sus derechos, responsabilidades y prácticas recomendadas. A su vez, impulsaron la publicación de cartas abiertas a las principales autoridades políticas del mundo para que atiendan esta situación.
A raíz de este debate, lograron una Declaración del Consejo de Europa que insta a extender el auxilio a los intérpretes en zonas de guerra en los mismos términos en que se protege al CICR. Este documento internacional es el primero que reconoce la falta de estatuto jurídico que sufren los intérpretes.
En la actualidad, los esfuerzos se concentran en reunir 50 mil firmas para poder presentar un petitorio a las Naciones Unidas que le exija una pronunciación semejante. Mientras tanto, los intérpretes siguen arriesgando sus vidas.
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